(Perfil) El presidente Alberto Fernández habló sobre los incidentes que se registraron en Jujuy, después de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, y pidió "el cese de la violencia". Además, adelantó que promoverá acciones a través del Ministerio de Justicia para determinar si son inconstitucionales o no los artículos de la reforma provincial.

"Quiero transmitirles mi posición y la del Gobierno nacional. Los hechos de represión y violencia estatal sucedidos son inadmisibles, en nuestra vida democrática", expresó el mandatario a través de una cadena nacional desde Casa Rosada.

"A tal punto ha llegado el conflicto, que por primera vez algo acaecido en nuestro país ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales", indicó, después de que el gobernador jujeño, el radical Gerardo Morales, lo responsabilizara a él y a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la escalada de violencia en las protestas.

"Se han pronunciado de forma clara y contundente llamando al cese de la violencia estatal y garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy", sostuvo.

Acto seguido, Fernández narró parte de la carta que le envió al Poder Ejecutivo la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos y citó también otras organizaciones, como la OEA (Organización de Estados Americanos) y Amnistía Internacional.

En ese sentido, le reclamó a Morales "cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos", al mismo tiempo que dijo: "No se lo pide este presidente, es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy".

Por último, el presidente anunció que instruyó al Ministerio de Justicia para que "analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma" de la carta magna de Jujuy que considera que "violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales".

Finalmente, dirigiéndose al mandatario jujeño, afirmó: "No utilice al pueblo jujeño como el banco de prueba de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante".